Manuel Baeza
Jalisco busca plasmar en la ley la prohibición de la música e imágenes que hagan apología del delito en espectáculos con narcocorridos.
Para ello, el gobierno estatal presentó este viernes ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma sobre el tema.
Se trata obligar de los municipios, mediante sus reglamentos, a que prohíban la difusión de contenidos que promuevan o glorifiquen la apología del delito y la violencia en eventos o espectáculos.
Correspondió a Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, llevar al Congreso la iniciativa en cuestión.
“Lo que promueve esta iniciativa es que la reglamentación municipal considere estas previsiones, que prohíba las licencias municipales para grupos que fomenten este tipo de acciones”, dijo el funcionario estatal.
Se trata, añadió, que el municipio “sancione administrativamente y que le haga saber al Ministerio Público la comisión de algún delito”.
Zamora aseguró que “esta iniciativa no es censura ni mucho menos busca coartar la libertad de expresión, más bien es una regulación clara, con valores éticos, en el sentido estrictamente público”.
También dijo que “por supuesto que estamos a favor de la libertad de expresión, pero no de quienes hagan aplausos del crimen, del delito o de que se fomente la violencia”.
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Municipios reforzarían la prohibición
La propuesta de reforma adiciona tres párrafos al artículo 37, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para que los municipios regulen la prohibición de contenidos que promuevan la violencia o hagan apología del delito en espectáculos y eventos, prestación de servicios y establecimientos comerciales.
Se establece como requisito obligatorio la firma de una carta compromiso por parte de artistas, promotores y organizadores antes de otorgarse el permiso para cualquier evento.
Esta medida busca garantizar que los responsables del espectáculo asuman el compromiso de no fomentar ni difundir este tipo de mensajes.
También obliga a los titulares de licencias de giro de establecimientos como discotecas, que tampoco reproduzcan música o contenido que haga apología del delito.
En caso de incumplimiento los municipios estarán facultados para imponer sanciones administrativas o económicas y, si se presume la comisión de un delito, deberán dar vista al Ministerio Público.
