La reciente aprobación por el Senado mexicano para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la dirección de Omar García Harfuch marca un cambio significativo en la política de seguridad del país. Esta medida otorga a la SSPC un poder mucho mayor para coordinar la inteligencia y supervisar las investigaciones en delitos graves, lo cual ha generado tanto expectativas como serias preocupaciones.

En países donde la violencia y el crimen organizado han alcanzado niveles críticos, la centralización de la seguridad suele justificarse como un esfuerzo para mejorar la eficiencia y eliminar problemas de coordinación. Sin embargo, en el contexto mexicano, donde la corrupción y la falta de transparencia han erosionado la confianza pública, una estructura centralizada también podría volverse susceptible al abuso de poder, falta de rendición de cuentas y posible manipulación política.

Omar García Harfuch, quien previamente fungió como jefe de la policía en la Ciudad de México, ha ganado popularidad por su enfoque directo y operativo en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, su figura también está rodeada de controversias debido a su historial en instituciones de seguridad, y a la cercanía con agencias estadounidenses, las cuales tienen una participación histórica en la seguridad de México.

La estrategia del gobierno federal de invertir en una sola entidad puede traer algunos beneficios a corto plazo, pero el largo plazo podría ver esta estructura rígida desmoronarse bajo su propio peso si no se implementan reformas estructurales en la policía local, en el sistema judicial y en políticas de prevención. Sin una base de seguridad local fuerte y confiable, las soluciones centralizadas solo lograrán contener el problema temporalmente.

Si México desea una solución real a su crisis de seguridad, es crucial que el gobierno implemente una estrategia integral que fortalezca las capacidades de seguridad locales, fomente la transparencia y, sobre todo, apueste por la prevención y el desarrollo social como pilares de una política de seguridad sostenible. La verdadera seguridad no vendrá únicamente de la mano de una “súper secretaría”, sino de un compromiso firme por transformar las condiciones sociales y económicas que han permitido que la inseguridad crezca sin control.